El año parlamentario en el Concejo Deliberante cerró con el lanzamiento de la comisión abocada a la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán. El trabajo apunta no solo a atender las nuevas demandas edilicias de una ciudad en crecimiento, sino también a sumar criterios ambientales para los próximos 30 años.
El comité especial tiene la tarea de actualizar una normativa que fue modificada por última vez en 1998, y al mismo tiempo, de asentar con esa legislación los parámetros que regirán en el plano urbanístico de la ciudad en el futuro. Tras la presentación oficial, los concejales comienzan a ofrecer sus primeras miradas y propuestas.
Conectividad y orden
El concejal Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical) analizó que es imprescindible llevar adelante un abordaje integral de la cuestión urbanística, incluyendo aún más a la periferia. “La planificación urbana no puede seguir mirando solo dentro de las cuatro avenidas. La ciudad real es la de los barrios, donde los vecinos necesitan agua, cloacas, veredas seguras, espacios públicos cuidados, conectividad, transporte que funcione y oportunidades para desarrollarse”, señaló.
El edil indicó que es necesario definir superficies mínimas de verde por habitante; proteger cursos de agua y áreas inundables; reconocer y mitigar las islas de calor urbanas; promover techos y fachadas verdes; reducir la impermeabilización del suelo y garantizar la preservación del arbolado y del patrimonio edilicio y paisajístico. “En un contexto de emergencia ambiental, estas medidas no son opcionales: son condiciones para una ciudad saludable, resiliente y preparada para los desafíos climáticos”, destacó.
En tanto, el presidente del bloque de Fuerza Republicana (FR), Alfredo Terán, consideró que la ciudad está “desordenada” y que la reforma debería permitir alcanzar un orden visible que atraiga inversiones y potencie el bienestar social. “El actual CPU regula aspectos como zonificación, usos del suelo y edificación, pero no se condice con las realidades demográficas, de movilidad y crecimiento de la ciudad”, planteó.
El concejal aseguró que se requieren nuevas reglas para la construcción en altura fuera del área céntrica, con control de cargas urbanas y servicios; que se deben prever criterios de descentralización para lograr equilibrios territoriales, y que se debe articular la movilidad urbana en su totalidad, incluyendo a la infraestructura vial, ciclovías, transporte público y accesibilidad.
Patrimonio y obras
Asimismo, el edil Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) remarcó que el nuevo CPU debe incluir disposiciones que garanticen la protección del patrimonio histórico municipal. “Es algo que no se ha hecho y la ciudad no tiene un crecimiento uniforme. En línea con eso, debemos ver hacia dónde va a crecer San Miguel de Tucumán y cuáles son las zonas donde realmente puede hacerlo”, analizó.
El oficialista, que forma parte de la comisión de Medio Ambiente en el Concejo, unió la cuestión urbanística con la ambiental. “Es fundamental que haya una mayor responsabilidad empresarial en la construcción de edificios y los espacios dispuestos para el reciclado. No puede ser que en una construcción no haya un espacio para guardar los escombros; hay una prioridad constructiva para que los metros cuadrados tengan una mayor cantidad de departamentos, pero no estamos preservando espacio para el medio ambiente”, explicó.
En tanto, acerca de la obra pública en San Miguel de Tucumán, Ana González (Partido por la Justicia Social) planteó que desde el Ejecutivo municipal se debe generar la legislación adecuada “para dar prioridad en las obras como pavimento, iluminación, limpieza y salud en los barrios más alejados del centro y los más vulnerables”.
La opositora criticó que la gestión de Rossana Chahla distingue entre ciudadanos “de primera y de segunda”. “Centra su actividad y las obras en el centro y en barrio norte, dentro de las cuatro avenidas, generando un desequilibrio cuantitativo y cualitativo con los vecinos de los barrios más alejados”, opinó.
La comisión especial para la reforma del CPU está integrada por miembros del Ejecutivo municipal, como el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklian; la directora y subdirector de Planificación Urbana, María Guadalupe Rearte y Marcelo Beccari, respectivamente, y la arquitecta Mónica Ailán. Y por parte del Concejo participan Cobos, Emiliano y Facundo Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Carlos Arnedo.
En línea con la huella ambiental que se piensa dejar asentada en el nuevo CPU, la comisión de Medio Ambiente que preside Carrillo Leito se encuentra trabajando en la creación de un Código Ambiental que actualice los parámetros sanitarios que rigen en San Miguel de Tucumán. Es también una de las prioridades que mencionaron los ediles para este 2026.